Es bien sabido que en los últimos años la promoción privada de viviendas protegidas sufrió un fuerte retroceso, hasta el punto de llegar a convertirse en un producto residual dentro del mercado de la vivienda.
La creación de una Consejería primero, y de un Ministerio, después, con competencias específicas en esta materia, así como el anuncio de nuevas políticas de vivienda por los gobiernos surgidos de las últimas elecciones autonómicas y generales, generaron una fuerte expectativa dentro del sector.
Tras la aprobación del plan estatal, que trasladaba a las autonomías la decisión de la totalidad de las cuestiones importantes en materia de vivienda protegida, el éxito o el fracaso de la política de vivienda protegida quedaba al albur de las decisiones del Gobierno del Principado, a través de su Consejería de Vivienda.
En este contexto se iniciaron las negociaciones por parte de la Confederación Asturiana de la Construcción y la Consejería de Vivienda, pudiendo felicitarnos de que, pese a no pocas dificultades, ambas partes hayan sido capaces de estar a la altura de las circunstancias y firmar un convenio.
Este convenio es de gran importancia para el subsector dedicado a la promoción inmobiliaria, en la medida que, superadas las trabas tradicionales (inadecuación del precio del modulo), así como las más recientes introducidas fundamentalmente por la Ley de Medidas Urgentes, sienta las bases para posibilitar que la promoción de vivienda protegida sea atractiva para el sector privado. Sin embargo, su importancia excede con mucho del subsector de la promoción y ello por las dos siguientes razones:
- En primer lugar, porque la inversión global que supone la ejecución del Convenio, en torno a los 2.500 millones de euros, repercutirá positivamente no sólo en las empresas promotoras, sino también en las dedicadas a la contrata, a la fabricación y la prestación de servicios, garantizando así el mantenimiento de la actividad de un sector clave en la economía regional.
- En segundo lugar, porque va a hacer posible el acceso a la vivienda a unos precios muy razonables de un importante sector de la población que de otra forma quedaba fuera de mercado, al tener unas rentas que le situaban lejos, tanto de la vivienda de promoción pública, como de la vivienda libre.
En cuanto a su contenido, el convenio recoge, por un lado el compromiso por parte de la CAC de promover aproximadamente 9.500 viviendas protegidas en el municipio de Oviedo antes del 30 de Abril de 2007, el 40% de las cuales deberán de estar calificadas antes de finales del 2006.
No obstante todo lo anterior, hay que recordar que la ejecución de un acuerdo tan ambicioso requiere, y así lo recoge el propio convenio, la implicación de otras administraciones e instituciones, tanto públicas como privadas, con incidencia en esta materia. Así, las Consejerías de Infraestructuras e Industria y las compañías suministradoras de los diferentes servicios urbanísticos deberán de contribuir a crear el marco más adecuado para el total cumplimiento de lo pactado.
